Tribunal Superior de Pasto ordenó garantizar consulta previa de comunidades para un eventual retorno de la aspersión con glifosato.

 Tribunal Superior de Pasto ordenó garantizar  consulta previa de comunidades para un eventual retorno de la aspersión  con glifosato.

Tribunal Superior de Pasto  ordenó al Ministerio del Interior garantizar la consulta previa de comunidades afro e indígenas de Nariño, quienes no han sido tenidas en cuenta para el eventual retorno de la aspersión aérea con glifosato. Así las cosas, la resolución 0001 de marzo de 2020 emitida por la Dirección de Consulta Previa, que decidió que no era necesario que las comunidades afro e indígenas de Nariño participaran en consulta previa, pues sus territorios étnicos serían excluidos de la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato, fue tumbada por el tribunal quien encontró que los grupos tienen razones de peso para ser escuchados y suspendió el reformado Plan de Manejo Ambiental PMA, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, expedido el pasado 14 de abril.

El Tribunal Superior de Pasto aclaró que “resulta procedente atender lo alegado por la parte accionante, ya que quién más que aquellas comunidades indígenas y especialmente afrodescendientes, pueden contar con la información pertinente para indicar que varias de las zonas objeto de intervención coinciden con aquellos territorios ancestralmente ligados a sus comunidades y en esa medida no resulta legal ni constitucional que se omita escuchar sus voces en todas las medidas administrativas que se adelanten con ocasión del PECIG (aspersión con glifosato) incluyendo el procedimiento de modificación del PMA a cargo de la ANLA”,

El Tribunal considera importante no adelantar ninguna estrategia si no se garantizan los derechos a la salud, vida digna y medio ambiente sano de las personas, en especial las comunidades donde ha existido un histórico abandono Estatal. “En este caso, se encuentran dos grupos poblacionales generales que pueden afectarse positiva o negativamente con el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato, PECIG, una la que corresponde a la cultura mayoritaria y el sector campesino y otra la minoritaria representada por las comunidades Indígenas y Afrodescendientes” por lo tanto los derechos de los dos grupos, frente a medidas como el PECIG, se garantizan entre otros mecanismos a través de la participación y de consulta previa.

Por otra parte, el trabajo adelantado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, DIRAN, “fue limitado y desconoció los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes radicadas y con derechos ancestrales sobre varias de las zonas objeto de intervención, lo cual influyó en la decisión de la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior, al concluir que no se debía adelantar el trámite para garantizar la consulta previa”, explicó el tribunal.

Así las cosas, para garantizar el derecho a la consulta previa, se le ordenó a la, ANLA, en coordinación con las entidades demandadas como el Ministerio del Interior, realizar un proceso de preconsulta en dos fases: la primera, durante los próximos 10 días, en la cual las comunidades afro e indígenas participen en el PMA. La segunda, por un término de 30 días, en la cual se cree una hoja de ruta para la deliberación ciudadana a través de la figura constitucional censurada a los demandantes. Finalmente, en los próximos tres meses, las autoridades deberán proteger crear espacios de consulta previa.

Fuente:Pagina 10

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