El juzgado segundo penal municipal fallo tutela a favor del municipio

 El juzgado segundo penal municipal fallo tutela a favor del municipio

Mediante Sentencia del 31 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ipiales falla tutela a favor del municipio y contra accionantes del centro comercial el Madrugón

Se trata de la acción de tutela No: 2020-00092-00, presentada por Martin Yánez Sánchez, Campo Elías López y Doris Liliana Zúñiga Ruales, comerciantes del Madrugó, en contra de la alcaldía municipal de Ipiales.

Los accionantes instauraron la acción de tutela en contra de la alcaldía de Ipiales, con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso y a la confianza legítima, entre otros.

Manifestaron los tutelantes haber sido tenedores por periodos de 15, 9 y 10 años, del local comercial el Madrugón, desarrollando actividad comercial de venta de ropa, de la cual derivaban ingresos económicos para su manutención y la de su núcleo familiar. En la misma situación se encuentran 24 núcleos familiares, quienes se desempeñaban como comerciantes del mismo centro comercial.

Expresaron haber pagado durante su permanencia en el centro comercial, servicios públicos de agua, energía eléctrica y cánones de arrendamiento, asegurando no haber incurrido en mora de su parte.

Afirmaron que, como los demás vendedores, se encuentran amparados por el principio de confianza legítima, en razón de que han ocupado un bien fiscal y patrimonial del municipio, sin que éste se haya opuesto a tal situación.

Argumentaron que la actividad comercial se desarrolló sin que la alcaldía haya hecho manifestación alguna y que tal actuar le da una legalidad fundamentada en la tolerancia, constituyendo derechos adquiridos para desarrollar la misma.

Dijeron haber solicitado al municipio, como solución, la autorización de seguir laborando en el madrugón, o que en caso contrario se les ofrezca un plan de reubicación. Y que, en una reunión con el alcalde de Ipiales, asistieron 24 comerciantes, a quienes se les dio un plazo para que entreguen el inmueble hasta el 2 de enero de 2021 o serían desalojados del local comercial.

Contaron que la administración les había prometido reubicarlos, y que no ha cumplido, y que el 2 de enero de 2021 serían desalojados sin haber agotado proceso administrativo alguno.

Finalmente, dijeron que la alcaldía desconoce los preceptos jurisprudenciales en planes de restitución de bienes fiscales o patrimoniales ocupados por comerciantes y que los procesos deben ser ejecutados sin que se lesionen los derechos fundamentales de la población pobre y vulnerable.

Solicitan entonces al Despacho Judicial, tutelar los derechos fundamentales invocados y se ordene al alcalde de Ipiales que, en el término de tres meses, efectúe el estudio idóneo de los mecanismos administrativos para la recuperación del bien fiscal o patrimonial y se reubique de forma efectiva a los comerciantes que ocupan el centro comercial el madrugón, para que puedan ejercer las mismas actividades comerciales que desarrollaban y que se otorgue los efectos “Inter Comunis” a la decisión que el despacho pronuncie en favor de todos los comerciantes que ocupan el madrugón.

Mediante auto del 16 de diciembre de 2020, se admitió la acción de tutela y se notificó a la alcaldía municipal ejercer su derecho de defensa e informe sobre el objeto de amparo.

La alcaldía se pronunció sobre cada uno de los hechos relacionados por los accionantes, afirmando que por la ocupación de el madrugón se ha tenido en cuenta las condiciones de los comerciantes, mediante un proceso de transición, en cumplimiento del principio de confianza legítima.

Negó que los comerciantes hayan cumplido los cánones de arrendamiento, lo que fue óbice para el inicio del proceso por el medio de control de controversias contractuales.

Expresó que la ocupación se permitió según los principios y postulados del derecho, concediéndoles a los comerciantes un plazo para seguir ejerciendo sus actividades.

Dijo que en la reunión conjunta se estudiaron los compromisos, fueron sometidos a consideración y se firmaron en un acta mediante notaria, siendo evidente que los comerciantes conocían el acta y negó que existiera un compromiso de reubicación para ellos.

Afirmó que los accionantes no pueden actuar como agentes oficiosos de los demás comerciantes, toda vez que los mismos no se encuentran imposibilitados para actuar en la acción de tutela.

En el proceso de controversias contractuales No. 2020-00092-00 de restitución de inmueble arrendado y que, contra la orden judicial, proferida en primera instancia el 11 de febrero de 2019 por el Juez Primero Administrativo Oral del Circuito, que ordenó la restitución del inmueble citado, no se interpuso recurso de apelación.

Se corrió despacho comisorio al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ipiales, para que se practique la diligencia ordenada, por lo que el 22 de mayo de 2019 se procedió a la diligencia de entrega del bien inmueble, por lo que el administrador del centro comercial solicitó plazo para desocuparlo, pactando la fecha de 31 de diciembre de 2019, mediante acta firmada por todos los comerciantes. Sin embargo, tal compromiso fue incumplido por los ocupantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el secretario de gobierno de Ipiales, convocó a reunión el 7 de julio de 2020, para contextualizar la orden judicial impartida, pero dada la situación de Covid-19 se acordó con los comerciantes postergar la entrega del inmueble hasta el 2 de enero de 2021 a las 8:00 am, sin posibilidad de prórroga alguna.

Durante el tiempo otorgado por la administración, los comerciantes no cancelaron arrendamiento, aduciendo que el municipio ha garantizado periodos de transición, tal como lo establece el principio de confianza legítima y el principio de buena fe.

Concluyó que se otorgó un periodo de transición prudente, con las garantías máximas, por lo cual pidió desestimar las pretensiones de los accionantes y se ordene cumplir el acta de 7 de julio de 2020.

Correspondió entonces al Juzgado, resolver el siguiente interrogante: ¿Ha amenazado o vulnerado la alcaldía derecho fundamental alguno de los accionantes, al ordenar el desalojo el 2 de enero del 2021, de ellos y de 24 personas más, del centro comercial el Madrugón de Ipiales, lugar donde ejercían actividades de comerciantes y de tenedores de los locales comerciales?

Para resolver este problema, se analizó la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, como órgano de cierre en lo relativo a la interpretación de los derechos fundamentales y se procedió a decidir sobre el caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que lo rodean.

En el presente caso, se advierte que la controversia propuesta por los accionantes, se establece como consecuencia de una orden judicial emanada el 11 de febrero de 2019. Esta lejanía en el tiempo permite entrever la ausencia de imperiosidad para impetrar la solicitud de amparo de prerrogativas fundamentales ante la presunta ocasión de un perjuicio irremediable. De igual manera, se establece que si bien la administración judicial ha otorgado prórrogas para que los comerciantes desocupen los locales, las mismas se han pactado desde el año 2019. Así las cosas, los periplos temporales transcurridos sin activar el excepcional mecanismo de la acción de tutela, permiten establecer la inobservancia al principio de razonabilidad propio del ejercicio del instrumento para considerar la urgencia del amparo deprecado, sin que se haya esgrimido una causa razonable para la inactividad.

Se desconoce el principio de inmediatez, porque transcurridos un año 7 meses aproximadamente, se pretende revivir una controversia sobre la cual ya se adoptó una decisión judicial por parte del Juzgado Administrativo Oral del Circuito de la ciudad de Pasto. No cabe duda que contaban los reclamantes con los mecanismos de defensa ordinarios previstos en la jurisdicción contencioso administrativa para controvertir los aspectos fácticos y normativos que ahora postula en la acción de tutela, sin que se haya allegado prueba sumaria que demuestre que los accionantes y demás comerciantes se hubiesen pronunciado o alegado las controversias del proceso.

Por lo manifestado, los accionantes no demostraron estar inmersos en las causales argüidas por la jurisprudencia sobre el principio de inmediatez, a efectos de proceder a resolver favorablemente la presente acción de tutela. Asimismo, se evidencia que la administración no ha actuado de forma arbitraria ni abusiva con los accionantes y demás comerciantes, toda vez que ha concedido plazos extensos a los mismos, a efectos de que busquen alternativas de reubicación. Sin embargo, si bien los demandantes fundamentan que la administración no ha respetado el principio de confianza legítima, el despacho considera que el municipio no ha quebrantado tal principio, toda vez que no ha alterado de forma súbita su relación con los comerciantes, habida cuenta de que ha actuado en cumplimiento a una orden judicial.

En síntesis, la controversia propuesta por los accionantes no está llamada a ser dirimida en sede de este medio de defensa excepcional, como acción de tutela; reiterando que los demandantes dejaron vencer la oportunidad procesal con fundamento en el principio de inmediatez, desestimándose así la concurrencia de un perjuicio irremediable ocasionado a su mínimo vital y demás derechos reclamados.

Bajo este panorama, forzoso resulta declarar la improcedencia de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Ipiales, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Ley,

Resuelve:

Primero. Declarar Improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Martín Yánez Sánchez, Campo Elías López, Doris Liliana Zúñiga Ruales, en contra de la alcaldía de Ipiales, por las razones expuestas en la presente decisión.

Segundo: Notifíquese personalmente la presente providencia, por cualquier medio eficaz, a las accionadas y a la parte accionante, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remítase a la Honorable Corte Constitucional para lo de su cargo, si no fuere impugnada.

Suscribe la sentencia, el Juez Segundo Penal Municipal de Ipiales, Jorge Luis Muñoz Caicedo.

Fuente:Sistema integrado de informacion.

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